Entrevista @Nekane Lauzirika @deia

El Ararteko llama a la ciudadanía a estar en alerta, «porque el virus sigue aquí; las medidas de seguridad han de cumplirse por solidaridad», dice visiblemente preocupado

Le ha llamado la atención y hasta provocado rubor ciertas situaciones tras la desescalada, tanto por la irresponsabilidad como por la falta de solidaridad de ciertos colectivos, entre ellos muchos jóvenes, «que no solo ponen en riesgo su salud, sino la de otros colectivos más vulnerables como son los mayores», lamenta el Ararteko, Manu Lezertua.

El coronavirus y su secuela pandémica del covid-19 lo está impregnando todo. ¿También las intermediaciones solicitadas al Ararteko?

—Han cambiado muchas cosas, nuestra organización del trabajo, de atención y modo de reunirse, contactar con la gente telamáticamente, cierre de oficinas… En cuanto al trabajo de la Institución, todas las reuniones han sido telemáticas y las hemos hecho por turnos para evitar riesgos. Sobre las quejas tramitadas ha habido algunas por incumplimiento de normas, pero en líneas generales han sido los casos habituales.

¿Han tenido quejas relacionadas con las residencias de mayores?

—Sí. Por la imposibilidad de verlos, de los traslados… Hubo momentos en los que todos los esfuerzos estaban puestos en frenar los contagios y nosotros, en cuestión de plazos y testimonios con la Administración, hemos sido más benévolos.

¿Los problemas de siempre siguen ahí. ¿Se han intensificado?

—Los problemas de exclusión social siguen ahí. Estaban antes del coronavirus, pero ahora se plantean con una agudeza mayor, porque no es lo mismo estar en situación de exclusión social y no poder acceder a las oficinas de Lanbide porque estaban cerradas, ni obtener un certificado. Las quejas de ahora han tenido un matiz distinto relacionadas con la pandemia. Siempre hay gente que se queja por el comportamiento de hospitales, policías; ahora es por el covid.

¿Ha recibido quejas de algún colectivo por no haber podido acceder a PCR o a test serológicos?

—Algunos, pero la mayoría fueron a los tribunales; algunas sentencias ya se han dado en Gipuzkoa y Bizkaia. Esta parte nos ha tocado menos. Sí, hemos intervenido en Educación con los niños vulnerables que no podían ir a los comedores cuando eran su única comida. También hemos terciado para que desde las residencias de mayores pudieran ver y hablar a distancia con los suyos.

¿También le han llegado más reclamaciones de pacientes contra Osakidetza?

—Ha habido gente que se ha quejado porque le han pospuesto la operación. Sabían que ante el covid-19 tenían que priorizarse las atenciones, pero se molestaban porque querían ser tratados de su patología. La mayoría entendió que el sistema sanitario estaba muy saturado y no ha habido muchas demandas.

¿Ha recibido quejas por no haber podido votar el 12 de julio?

—Tuvimos alguna de los partidos muy minoritarios, que no están en el Parlamento, que sí vieron que no tenían tiempo ni medios, pero no he visto ninguna queja de las 200 personas que no votaron. Como hay una polémica entre los juristas aún sin resolver, es posible que reaparezca en cualquier momento.

¿Y de la aplicación de los ERTE?

—Las quejas tenían relación con Lanbide. Aparte de por la RGI, por la aplicación de los ERTE, por su modo de gestión y su lentitud. En Lanbide no cogían las llamadas y era difícil informarse. Las quejan eran por esto.

Un colectivo que habitualmente solicita su intervención es el de los inmigrantes. ¿Ha variado este año?

—En general los problemas que plantean se parecen, sobre todo, por la dificultad de gestionar las ayudas, obtener documentos. En una situación normal, la RGI o los papeles para la vivienda exigen la comparecencia física. Todo se ha complicó porque Lanbide también cerró, así como otros lugares para recabar los documentos.

¿No podían cumplir los plazos?

—Era muy difícil para cobrar el salario social, la renta de garantía. Ese tipo de problemas también exige a las personas tener un pasaporte en regla, que les resultó difícil conseguirlo en un periodo razonable. Esto también se les complicó.

Están siendo demasiado frecuentes los enfrentamientos con okupas de viviendas habitadas. Ante las dificultades administrativas, policiales y judiciales. ¿Solicitan su ayuda o no cabe su intervención? La vivienda es reconocida como bien social, pero ¿es lícito ocupársela a su legítimo propietario?

—Hemos tenido casos controvertidos. Personas que vivían en pisos públicos que iban a ser demolidos, con el agua y la luz cortadas, pedían que para evitar la transmisión de la epidemia se restableciera el suministro, porque si no era imposible evitar la transmisión. Nosotros así se lo hemos solicitado al ayuntamiento correspondiente. Y eso suscitó mucha polémica social, no solo entre los vecinos que no son okupas, pero que tienen que convivir con okupas. Se han manifestado en contra de la decisión del Ararteko, pero nosotros pensábamos que en una situación tan grave como esta no se podía dejar a esas personas en situación de abandono, porque se ponía en riesgo sus vidas, que es el valor prevalente. Hemos insistido en ello, hasta ahora con poco éxito. La reacción social era que los okupas no tenían derecho a nada… pero, entre otros, tienen derecho a lavarse las manos para evitar los contagios.

¿Y los que estaban en la calle?

—Se arbitraron medidas para que pudieran recogerse aunque fuera en situación provisional. Hemos pedido a las Instituciones que ese esfuerzo hecho por resocializar a esas personas se mantenga, que los que estaban descontrolados por las calles no se vuelvan a dispersar como antes de los meses duros de la pandemia.

Sobre la RGI, ¿más o menos quejas que otros años? ¿Le están saturando el buzón con la nueva Renta Mínima de Ingresos o se está haciendo razonablemente bien?

—Hasta la declaración del estado de alarma, el numero de beneficiarios había bajado considerablemente. En Euskadi andábamos por los 50.000. Por el momento la cifra no ha aumentado considerablemente, aunque se supone que con la crisis económica que se avecina, que todos vaticinan como muy grave, volveremos a tener cifras elevadas y difíciles de gestionar, porque con la pandemia las Administraciones se han desequilibrado en los plazos.

Cuando comience el nuevo curso, ¿cree que le plantearán alguna queja si es obligada la asistencia presencial para profesores, alumnos, otros funcionarios?

—Todo el mundo supone que el sistema organizativo de la enseñanza va a ser uno de los problemas más importantes del otoño, pero no solo la enseñanza. Escuelas, universidades, otras instituciones, incluso desde el Ararteko hacemos una reflexión sobre cuál será nuestro posicionamiento para evitar contagios. Supongo que la gente se quejará, pero como no ha llegado el curso aún no ha habido quejas. Muchas personas entienden que han de tomarse precauciones, que lo ocurrido con los brotes se podría haber evitado si hubiéramos mantenido la prudencia y la distancia física. Por esto hago un llamamiento a mantener las medidas de seguridad, porque el aumento de las últimas semanas, incluso en Euskadi, que no es el peor sitio, deben hacernos reflexionar. De no hacerse así, esto no se terminará nunca.

Cómo son sus relaciones con las administraciones: buenas, malas o medio-pensionistas? ¿Con cuál de ellas tiene mejor relación?

—Hay de todo. En el informe anual, que no lo hemos podido presentar en público, pero sí consultar en nuestra web, ponemos en valor que, en general, la respuesta es buena, que se resuelven y solucionan de manera rápida los problemas que planteamos. Algunos se enconan, pero destacamos que el Ayuntamiento de Bilbao es el que mejor responde respecto a los plazos y sigue las recomendaciones. Es muy cumplidor, aunque no el único, porque las diputaciones forales y los departamentos del Gobierno vasco también lo son.